¿Impuesto a la plusvalía inmobiliaria para qué?

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Ante la ineficiencia del sistema de actualización catastral y la inoperancia del Registro Público de la Propiedad, que dirige Griselda Martínez, y más aún, para hacerse de una fuente permanente de ingresos fiscales, le dio por introducir en la propuesta de Constitución para la Ciudad de México, un Impuesto a la Plusvalía Inmobiliaria.

El texto constitucional propuesto, enviado por el jefe de Gobierno, Miguel Mancera, a la Asamblea Constituyente dice en su artículo 21, Inciso C, Numeral 7 lo siguiente:

“Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad”.

Dicho artículo, pero Numeral 9 propuesto dice: “Los derechos de edificación serán administrados por el gobierno de la ciudad para distribuir equitativamente las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas que deberán ser aplicadas en beneficio de los sectores de bajos ingresos”.

Sólo considere el tamaño de impacto que el anuncio ha creado en el sector de la construcción, que encabeza

Gustavo Arballo Luján de la CMIC, pero especialmente para los integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que preside Salvador Daniel Kabbaz Zaga de Grupo Danhos, uno de los grupos que tan sólo en la Ciudad de México ha desarrollado 10 torres de oficinas con centro comercial y está construyendo otras dos, una en Azcapotzalco y otra en el Parque de las Antenas en Iztapalapa, lo que ha subido de manera importante la plusvalía del lugar.

Sólo considerando el índice de precios inmobiliarios en la zona de Polanco y las colonias aledañas de la Miguel Hidalgo y la Cuauhtémoc, el aumento de la plusvalía en vivienda en el último año ha sido de 22% y, puede imaginar el tamaño de impuesto incautatorio que le podría generar a los habitantes de la zona de Santa Fe, Interlomas, San Ángel o Coyoacán.

¿Pero sabe dónde le va a dar en todo su bolsillo a sus potenciales electores como candidato independiente? En ¡Iztapalapa!, así como en la delegación Venustiano Carranza. Si el jefe de Gobierno revisara sus estadísticas de plusvalor, podría entender por qué su ánimo recaudatorio levantó más de 40 mil firmas en la petición de retiro del articulado en Change.org, incentivada por Rodolfo Medina, presidente de Asociación de Abogados Pro Constitución de la Ciudad de México.

Y bueno, y qué tal que los dueños de inmuebles y negocios, utilizan justamente este artículo propuesto (parece que ya lo retiran) para cobrarle al gobierno de la Ciudad de México por el daño al valor de sus inmuebles y negocios por el desgobierno que existe en materia de bloqueos y marchas. Solo en la llamada milla de oro, aunque la construcción crece y crece, se está presentando el peor problema

Durante la actual administración, los miembros de la ADI han invertido casi 22 mil millones de dólares en el ámbito nacional y 88 mil 500 millones de dólares han sido en la Ciudad de México.

Esta histórica inversión se traduce en proyectos que representan 52 millones de metros cuadrados y que generan 132 mil 382 empleos directos y 397 mil 148 empleos indirectos. Esa construcción ha facilitado la recuperación e incluso el aumento de los precios de vivienda en la Ciudad de México, y según el Índice de la Sociedad Hipotecaria Nacional, que dirige José Alberto Cano Vélez, el valor de la propiedad ha aumentado de 36% a 100% en esta capital.

Y usted y yo creemos que Mancera ha dado para atrás a la intención, pues ha propuesto que se retire el citado texto, pero la Comisión de Vivienda, acaba de aprobar una reforma a la Ley de Vivienda, que pasó el tema de la misma forma y con el mismo texto con el que venía en la propuesta constitucional.

Si quieren subir la recaudación por impuesto predial que lo hagan, pero que haya suelo parejo, porque el impuesto a la vivienda lo mismo lo debe pagar quien habita en una zona popular que aquél que no lo hace, porque los servicios públicos se pagan por igual.

El reto para el jefe de Gobierno es actualizar el catastro y el predial, y no pretender incautar la plusvalía de un inmueble, disque para distribuirlo a los más pobres, y para fondear el plan de reordenamiento urbano. ¡Yo creo que si le bajan a la corrupción, mejorarían más!

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